El milagro del 60% y el misterio de las urnas sin ticket de devolución

Oh, albricias. Escuchaba hace un rato en el telediario una de esas noticias que te obligan a mirar el calendario por si es el Día de los Inocentes: resulta que algo más del 60% de los españoles, según una sesuda encuesta, son partidarios de que el Estado intervenga en el mercado de la vivienda.

 ¡Milagro! ¡Aleluya!

Estoy completamente de acuerdo, por supuesto. Es más, me emociona pensar que cuando ese 60% responde a la encuesta, lo hace con un conocimiento enciclopédico de nuestra estructura territorial. 

Seguro que todos y cada uno de ellos son plenamente conscientes de que "el Estado" no es un ente abstracto que flota sobre el Congreso, sino que lo forman el Gobierno central, las intocables Comunidades Autónomas y esa maravilla burocrática llamada administración local (ayuntamientos y diputaciones). 

Seguro que saben perfectamente quién tiene las competencias para hacer qué y quién se dedica a boicotear cualquier medida desde su cortijo autonómico mientras echa balones fuera. Seguro.

Pero ya que nos ponemos a soñar con porcentajes utópicos, me encantaría que esa repentina iluminación cívica no se quedara solo en el precio del piso. Qué bonito sería que al menos ese mismo 60% defendiera con el mismo ímpetu blindar la educación y la sanidad públicas. 

Que exigieran recursos reales para la atención a la dependencia y, por supuesto, para las pensiones. Porque es muy curioso cómo nos indigna pagar 1.200 euros por un zulo, pero luego parece que nos da exactamente igual que desmantelen el centro de salud del barrio o que nuestros mayores esperen años por una ayuda que llega cuando ya no hacen falta.

Tenemos una magnífica ocasión para demostrar que ese 60% no es solo un espejismo demoscópico. El próximo 29 de noviembre hay una cita con las urnas. 

Y aquí viene el pequeño detalle que a muchos se les olvida cuando compran discursos sobre "libertad" para desregularlo todo o cuando aplauden a los que se envuelven en banderas mientras tijeretean los servicios públicos para dárselos a sus amigos del sector privado: después de las elecciones no se admiten devoluciones.

No hay hoja de reclamaciones que valga cuando el que has votado decide que la vivienda es "un bien de mercado" y que tu sanidad es un negocio muy rentable. Lo que se vota, se queda. 

Así que luego, cuando las políticas de recortes y privatizaciones pasen la factura, no vengamos con lamentaciones. El 29 de noviembre elegimos si queremos servicios públicos de verdad o si preferimos seguir quejándonos al televisor. 

Avisados estamos.