La AIReF y el retroceso invisible: cuando los derechos se miden solo en la cuenta de resultados

En el complejo tablero de la política económica española, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha pasado de ser un árbitro de la sostenibilidad de las cuentas públicas a convertirse, para algunos, en un actor que cuestiona los cimientos mismos del contrato social. 

El reciente análisis publicado en el blog del jurista Antonio Baylos, "La AIReF pone bajo sospecha derechos básicos de la ciudadanía social", nos obliga a detenernos y reflexionar: ¿estamos permitiendo que la contabilidad fría desaloje a la justicia social de la esfera pública?.

La tesis central que se desprende de la crítica de Baylos es preocupante a la par que esclarecedora. Vivimos bajo la hegemonía de un pensamiento que solo reconoce aquello que puede ser cuantificado en términos de coste-beneficio para la empresa. En este marco mental, cualquier avance en derechos laborales o sociales —ya sea la reducción de la jornada, la estabilidad en el empleo o la protección frente al despido— no se ve como una conquista civilizatoria, sino como un "lastre" para la competitividad o un "riesgo" para el déficit.

Lo que la AIReF parece poner bajo sospecha no es solo una partida presupuestaria, sino la propia legitimidad de los derechos que configuran la "ciudadanía social". Al observar la realidad exclusivamente a través del prisma del mercado, se ignora que la empresa no es una entidad aislada, sino una institución inserta en una sociedad que exige dignidad y equilibrio de poder. Cuando se etiqueta un derecho como un "coste económico a evitar", se está despojando a la persona de su condición de ciudadano para reducirla a un mero factor de producción.

El peligro de este enfoque es su apariencia de neutralidad técnica. La AIReF nos habla con gráficos y proyecciones, pero tras sus recomendaciones subyace una ideología clara: la de la subordinación de la vida social a la estabilidad macroeconómica de corte neoliberal. Como bien apunta el análisis de Baylos, esta visión tiende a invisibilizar el conflicto de intereses y la dirección unilateral del titular de la empresa, asumiendo que lo que es bueno para el balance de situación es necesariamente bueno para el país.

Sin embargo, la historia nos enseña que el progreso no nace del ajuste fiscal perpetuo, sino de la garantía de derechos que permiten a los trabajadores vivir con seguridad y autonomía. Si permitimos que organismos técnicos, por muy independientes que se pretendan, marquen la agenda de lo que es "sostenible" en materia de derechos sociales, corremos el riesgo de despertar en una sociedad donde la democracia sea un accesorio de la economía, y no al revés.

Es hora de reivindicar que la ciudadanía social no es una anomalía del mercado que deba ser corregida, sino el marco irrenunciable en el que el mercado debe operar. 

Los derechos no están bajo sospecha; lo que debería estar bajo sospecha es una visión económica que olvida que su fin último es el bienestar humano, no la optimización de un algoritmo presupuestario.