La Cocktelera Judicial: el peligroso precedente del auto contra Zapatero y el asedio a nuestra democracia

 

Lo que estamos viviendo estos días en España ya no es una anomalía; es una alarma democrática en toda regla. 

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero marca un antes y un después en una preocupante deriva donde el derecho penal se utiliza, presuntamente, como un arma de destrucción política de masas. 

Asistimos a un nuevo y flagrante capítulo de lo que muchos ya definimos sin tapujos: un caso de repugnante lawfare.

Cuando se analiza el auto judicial con ojos estrictamente jurídicos y desprovistos de sectarismo, la armazón acusatoria se tambalea por los cuatro costados. Estamos ante una preocupante maniobra que retuerce la realidad para fabricar un relato incriminatorio donde solo hay actividad profesional reglada.

Una verdad incómoda: ¿Tener una consultora es delito?

Parece que en este país es necesario recordar cómo funciona el Estado de Derecho y la libertad de empresa. Una cosa es tener una consultora política o un think tank legalmente establecidos, que operan dentro de los márgenes de la ley en España, facturan sus servicios, tienen contratos transparentes y tributan rigurosamente vía IRPF o Impuesto de Sociedades. El propio Zapatero ha defendido la absoluta legalidad y transparencia de sus ingresos privados. Desempeñar labores de asesoría internacional, análisis estratégico o conferencias es una salida profesional legítima y habitual para exmandatarios en todo el mundo occidental.  

Sin embargo, lo que hace este auto es meter en una "cocktelera" judicial elementos inconexos para distorsionar la normalidad:

Se toman contratos de prestación de servicios estándar y se catalogan automáticamente como "canales opacos".

Se instrumentalizan conversaciones privadas de terceras y cuartas personas —empresarios que hablan, presumen, sospechan o mencionan el nombre de un expresidente para darse importancia ante sus clientes— y se elevan a la categoría de verdades jurídicas incuestionables.

Se comete la osadía argumental de admitir que Zapatero no realizaba gestiones directas con la administración y, en lugar de archivar la sospecha por falta de indicios, se retuerce diciendo que "evitaba las gestiones más comprometidas" para ocultarse. Es decir, la ausencia de pruebas se convierte en la supuesta "prueba de su astucia". Una aberración lógica.

Si la mera mención de tu nombre por parte de un tercero en una llamada telefónica interceptada es suficiente para imputarte por organización criminal y registrar tus oficinas, mañana cualquiera de nosotros puede ser el próximo. 

El principio de presunción de inocencia ha saltado por los aires.

La democracia, en zona de peligro...

Este modus operandi responde a un patrón de instrumentalización de la justicia con fines políticos. Al erosionar la figura de un expresidente con un peso específico tan grande en la historia de nuestros derechos y libertades, se busca algo más que un castigo penal: se busca la deshumanización del adversario político, paralizar la acción institucional y sembrar la desconfianza absoluta de los ciudadanos en el sistema.

La justicia debe ser ciega, rigurosa y fundamentada en pruebas tangibles, no en relatos construidos a base de conjeturas de terceros. Cuando el proceso judicial se convierte en una herramienta para dirimir batallas políticas, la separación de poderes se difumina y la democracia entra en una situación de extrema vulnerabilidad. 

Es hora de decir basta y exigir que las garantías procesales vuelvan a ser el pilar fundamental de nuestra convivencia.