¿Formación real o burocracia laboral? El nuevo tablero de los contratos formativos

La reciente entrada en vigor del Real Decreto 1065/2025 marca un antes y un después en la forma en que nuestras empresas integran el talento joven. Sin embargo, como toda reforma de calado, nos obliga a preguntarnos: ¿estamos ante un puente sólido hacia el empleo o ante un laberinto de requisitos?.

Uno de los puntos más valientes de esta normativa es la limitación de la duración y la prohibición de encadenar contratos formativos para el mismo puesto. 

Durante años, el "becario eterno" fue una figura tristemente común. Al establecer que la duración del contrato de prácticas no puede ser inferior a seis meses ni superior a un año, el legislador lanza un mensaje claro: la formación tiene un principio y un fin. El objetivo debe ser la inserción, no la rotación infinita de mano de obra económica.

El Tutor: de figura decorativa a pilar responsable. Resulta especialmente interesante la profesionalización de la tutoría. Ya no basta con asignar a alguien para que "eche un ojo" al nuevo. El Real Decreto exige un informe de desempeño y limita el número de tutorizados por persona.

La bonificación de hasta 2 euros por hora de tutoría es un incentivo necesario, pero el verdadero valor reside en entender que formar a un joven es una inversión de tiempo que debe ser reconocida y estructurada.

No obstante, la rigidez en los límites de plantilla —por ejemplo, el máximo de 3 contratos para empresas de hasta 10 trabajadores— podría ser un arma de doble filo. Si bien evita abusos en microempresas que pretendan funcionar exclusivamente con personal en formación, también podría frenar la capacidad de crecimiento de startups genuinamente comprometidas con la enseñanza que necesitan manos jóvenes para escalar.

El contrato de Formación en Alternancia es, quizás, la pieza más compleja del puzzle. Exigir que el trabajo esté directamente relacionado con la actividad formativa y que se compagine en porcentajes estrictos (65% de jornada el primer año) es una victoria para el aprendizaje real. Pero no nos engañemos: requiere una coordinación quirúrgica entre el centro educativo y la empresa. Sin una comunicación fluida, este modelo corre el riesgo de colapsar bajo el peso de su propia estructura administrativa.

La reforma de 2026 busca blindar los derechos formativos y evitar que el aprendizaje sea una excusa para la precariedad. Es un paso hacia la madurez del mercado laboral español. 

El éxito de estas "novedades" no dependerá de las sanciones ni de las tablas de bonificación, sino de que las empresas dejen de ver estos contratos como una vía de ahorro y empiecen a verlos como lo que realmente son: la cantera estratégica de su competitividad futura.