¿Justicia o Rigidez? cuando el olvido se paga con la subsistencia

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (30-09-2025) pone sobre la mesa un debate incómodo pero necesario: ¿hasta qué punto el sistema de protección social entiende la naturaleza de las enfermedades mentales?

El caso es desolador en su sencillez. Una trabajadora de baja por ansiedad e insomnio olvida una cita de control con la mutua. El resultado: la extinción de su prestación económica. El argumento del tribunal es técnico y tajante: ni el diagnóstico ni los efectos secundarios de la medicación (que probadamente causan pérdida de memoria) justifican por sí mismos la incomparecencia.

Lo que este fallo revela es la pervivencia de una visión mecánica del enfermo. Se espera que una persona con un trastorno de ansiedad generalizada, cuya patología afecta precisamente a la capacidad cognitiva y de organización, funcione con la precisión de un reloj suizo a la hora de cumplir con el calendario burocrático.
Es la paradoja del sistema: te reconozco que estás enfermo y que tu medicación te aturde, pero te penalizo si, debido a ese aturdimiento, cometes un error administrativo.

Es cierto que la trabajadora no ayudó a su propia causa al cambiar su versión —atribuyendo primero la falta a la fiebre de su hijo y luego a su medicación—. Ese cambio de narrativa suele ser interpretado por los tribunales como una falta de coherencia que resta credibilidad. Sin embargo, esto no debería eclipsar el fondo de la cuestión: ¿es proporcional retirar el único sustento económico de una persona por un descuido derivado de su cuadro clínico?

Si la medicina confirma que ciertos fármacos provocan olvidos, la justicia no puede ignorar esa causalidad bajo el pretexto de que "no es motivo suficiente". Ignorar el síntoma (el olvido) mientras se reconoce la enfermedad (la ansiedad) es una contradicción lógica que deja al trabajador en una situación de absoluta indefensión.

Necesitamos que las mutuas y los tribunales empiecen a aplicar una perspectiva de salud mental que entienda que el cumplimiento de las obligaciones no siempre depende de la voluntad, sino de la capacidad real del paciente en ese momento.
Conclusión: Mientras sigamos tratando los "olvidos" de la salud mental como negligencias administrativas, estaremos castigando doblemente a quien ya está sufriendo. 

La ley debe ser firme, pero si no es humana, deja de ser justicia para convertirse en un simple trámite de exclusión.

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