Conocimos (por fin) el Informe de la eutanasia en 2024: un espejo incómodo para la LORE

A las puertas del cierre del año y en pleno paréntesis navideño, el Ministerio de Sanidad publicó —casi a escondidas— el Informe Anual de 2024 sobre la Prestación de Ayuda a Morir. 

Era un documento esperado, no solo por los profesionales implicados, sino por las asociaciones de pacientes y por una ciudadanía que sigue intentando entender qué significa, en la práctica, tener reconocido el derecho a una muerte asistida digna.

El informe ofrece, por fin, una fotografía clara: 929 procesos finalizados, de los cuales 426 culminaron en la prestación y 308 personas fallecieron durante la tramitación. Que un tercio de las personas muera esperando una decisión es, en sí mismo, una señal de alarma.

No porque todas las solicitudes deban necesariamente acabar en una eutanasia, sino porque la lentitud en la respuesta puede convertir un derecho en un espejismo.

Además, 141 solicitudes fueron denegadas, un dato que sería razonable si viniera acompañado de claridad en los criterios, transparencia y homogeneidad territorial. Pero lo cierto es que, cuatro años después de su entrada en vigor, la LORE sigue aplicándose de manera desigual y con vacíos que impiden una experiencia equitativa en todo el país.

Los plazos: la ley dice una cosa, la realidad otra

Uno de los puntos más delicados del informe señala que las Comisiones de Garantía y Evaluación tardan, de media, más de 50 días en resolver solicitudes. La ley establece un máximo de 30 a 40 días. El desfase no es menor: en un proceso marcado por el sufrimiento, la dependencia y, en muchos casos, una enfermedad en fase avanzada, cada día importa. Y no solo desde el punto de vista sanitario, sino también ético.

Cuando un derecho fundamental —porque así lo define la legislación española— depende de la rapidez administrativa, y esta rapidez no llega, lo que está fallando no es la filosofía de la ley, sino su implementación.

Desde su aprobación, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia ha supuesto un avance histórico. Ha permitido que cientos de personas decidan, de manera consciente y acompañada, el final de su vida. Sin embargo, este cuarto año de aplicación también evidencia que la arquitectura institucional necesaria para hacerla efectiva sigue incompleta.

Persisten problemas que ya se conocían:

Faltan referentes claros a los que los profesionales puedan acudir para resolver dudas.

Las primeras solicitudes a menudo ni siquiera se tramitan, ya sea por desconocimiento o falta de mecanismos adecuados.

La ciudadanía carece de información comprensible y accesible: quién puede solicitar, cómo, qué pasos hay que seguir.

Los profesionales no siempre han recibido la formación necesaria para gestionar estos procesos con la sensibilidad, la seguridad jurídica y la competencia técnica que requieren.

No es solo un fallo organizativo: es una brecha entre el derecho escrito y el derecho real.

La eutanasia es un ámbito donde coinciden lo sanitario, lo jurídico, lo ético y lo emocional. Por eso necesita instituciones sólidas, procedimientos claros y recursos suficientes. No es razonable que la posibilidad de ejercer este derecho dependa del código postal o de la voluntad de un profesional mal informado o desbordado.

El informe de 2024 muestra un país que avanza, pero a ritmo desigual. Y, sobre todo, un país en el que aún hay personas que padecen una espera innecesaria en el momento más vulnerable de sus vidas. Si algo debería impulsarnos este documento es a reforzar los mecanismos de la LORE, no a conformarnos.

La buena noticia es que los problemas están identificados: tiempos, formación, referentes, acceso y homogeneidad. La mala noticia es que no son nuevos. La verdadera pregunta es por qué seguimos arrastrándolos.

El derecho a la eutanasia no es solo un derecho a morir bien, sino también un derecho a ser escuchado, acompañado y atendido con diligencia. Y eso implica voluntad política, inversión y una gestión pública capaz de estar a la altura del desafío.

Si el informe de 2024 sirve para algo, debería ser para que dejemos de celebrar la ley como un logro consumado y empecemos a verla como lo que es: un proyecto en marcha que exige ser completado. 

Solo entonces podrá convertirse en un derecho plenamente efectivo para quienes, en momentos de sufrimiento extremo, deciden ejercerlo.