Permiso parental no retribuido: una oportunidad incompleta

El permiso parental de ocho semanas, introducido como parte de la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, ha generado grandes expectativas, debates intensos y no poca confusión. 

Tras meses de interpretaciones diversas, los tribunales han confirmado lo que muchos temían: se trata de un permiso no retribuido. Ni la empresa está obligada a pagarlo ni existe una prestación pública asociada. Y este punto, lejos de ser menor, afecta profundamente a su alcance real.

El permiso parental se configura como una suspensión del contrato de trabajo, lo que en términos jurídicos significa que tanto la obligación de trabajar como la de remunerar permanecen en pausa. Hasta aquí, nada sorprendente: así funciona cualquier suspensión contractual.

El problema aparece cuando analizamos la naturaleza no retribuida del permiso. En el ordenamiento español existen múltiples permisos que sí son remunerados y se designan expresamente como tales.

Aquí, sin embargo, el legislador ha optado por el silencio. Y los tribunales, fieles a ese silencio, han concluido: si no se dice que es retribuido, no lo es.

Es cierto que la Directiva 2019/1158 no obliga a que el permiso parental sea retribuido. Pero tampoco lo prohíbe. La norma europea establece un mínimo y deja libertad a los Estados para ofrecer más protección si lo desean. España ha optado por cumplir con lo estrictamente necesario, pero sin avanzar en la mejora de derechos.

El resultado es paradójico: existen otras prestaciones familiares que sí garantizan ingresos durante la ausencia laboral, pero el permiso específicamente diseñado para la conciliación parental llega sin soporte económico. Un derecho teórico que, en la práctica, muchas familias no podrán permitirse disfrutar.

La intención del permiso parental es favorecer el cuidado y la corresponsabilidad durante los primeros años de vida del menor. Pero cuando se diseña un permiso no retribuido, el mensaje implícito es claro: "conciliará quien pueda permitírselo económicamente".

Los trabajadores con salarios bajos, contratos temporales o cargas económicas elevadas difícilmente podrán tomar ocho semanas sin ingresos. Y, en consecuencia, este permiso —que debería ser universal— corre el riesgo de convertirse en un privilegio para unos pocos.

Los sindicatos defendieron desde el inicio que el permiso debía ser retribuido. Sin embargo, la norma no lo recogió y los tribunales han cerrado la puerta a interpretaciones favorables. La conclusión es inequívoca: solo un cambio legislativo explícito podría transformarlo en un derecho realmente efectivo.

En un país que lleva años hablando de conciliación, corresponsabilidad y fomento de la natalidad, resulta chocante que se aprueben medidas que, en la práctica, no alivian a la mayoría de las familias.

Que el permiso no sea retribuido no significa que no pueda mejorarse. La pelota está en el tejado del legislador.

Convertirlo en un permiso remunerado —al menos parcialmente, o mediante una prestación pública específica— sería coherente con los objetivos europeos y con la realidad social y laboral española.

Mientras tanto, el permiso parental seguirá siendo una medida prometedora en el papel, pero limitada en su impacto real.