El constitucionalista fijo discontinuo y el articulado con amnesia

España es un país de tradiciones sólidas: la siesta, las discusiones de bar sobre el fuera de juego y, por supuesto, el constitucionalista de salón.

Ese espécimen único que guarda la Carta Magna en la mesilla de noche, pero que, curiosamente, solo tiene subrayados los artículos que le convienen. 

Es una suerte de amor platónico: la adora, la invoca en cada tertulia, se envuelve en ella para ir al supermercado, pero cuando llega a ciertas páginas, sufre un desprendimiento de retina selectivo.

Nuestro constitucionalista de cabecera es, en esencia, un fijo discontinuo del patriotismo jurídico. 

Se pone muy intenso con la unidad de la patria (¡faltaría más!), pero cuando el índice llega al artículo 129.2, le entra una somnolencia repentina, un "vuelva usted mañana" que dura ya casi cincuenta años.

El artículo 129.2 dice, con una claridad que asusta, que los poderes públicos deben promover la participación de los trabajadores en la empresa y facilitar su acceso a la propiedad de los medios de producción. ¡Qué escándalo! ¡Qué ocurrencia bolchevique!...

Ah, no, esperen... que lo escribieron en 1978 unos señores con corbata ancha y mucha Transición encima.

Para el constitucionalista de salón, este artículo es como ese pariente lejano y un poco "hippy" al que no se invita a las cenas de Navidad: existe, está en el libro de familia, pero mejor si no aparece por el salón para no estropear el decorado. 

Mientras tanto, en esa Europa a la que tanto nos gusta mirar para comprar coches pero tan poco para copiar derechos, la cogestión es tan exótica como un cruasán en París.

Lo de Matías Carnero es para hacérselo mirar. Este sindicalista español de UGT se sienta en el consejo de supervisión de Volkswagen en Alemania. Allí, Matías decide sobre inversiones estratégicas y tecnología punta. Es un gestor de primer nivel... en alemán. Sin embargo, al cruzar los Pirineos, Matías sufre una metamorfosis inversa: se vuelve invisible para la gobernanza empresarial.

La paradoja es deliciosa: un español puede ayudar a dirigir una multinacional alemana que emplea a miles de personas, pero en España, ese mismo español no tiene "madurez" suficiente para decidir si se cambia la cafetera de la oficina.

Es fascinante descubrir que Alemania, ese faro de rigor y capitalismo eficiente, lleva décadas practicando lo que aquí algunos llamarían "atentado contra la libertad de empresa". 

Resulta que allí, permitir que las personas empleadas ocupen hasta la mitad de los asientos en los consejos de supervisión no ha provocado el colapso de la civilización occidental. Al contrario, parece que les va tirando.

La excusa ya no es jurídica, porque la Constitución lo dejó por escrito antes de que existiera Naranjito. Tampoco es económica, porque media Europa lo hace y no parecen estar pasando hambre. La explicación es mucho más ibérica: falta de voluntad política.

Es mucho más cómodo repartir carnés de constitucionalidad en Twitter que arremangarse para desarrollar la democracia económica. Porque, claro, la democracia está muy bien para echar un papelito en una caja cada cuatro años, pero ¿meterla dentro de una fábrica o de una oficina? ¡Hasta ahí podríamos llegar! 

Eso sería tratar a los trabajadores como adultos responsables y no como meros "recursos humanos" con patas.