La captura del Estado y el estruendoso silencio mediático, político y empresarial del "Caso Montoro"

En el ecosistema informativo actual, saturado por el ruido de tertulias y la inmediatez de las redes sociales, resulta perturbador el vacío de atención que rodea a uno de los procesos judiciales más graves para la salud democrática de España: el "Caso Montoro". 

Mientras el debate público se pierde en escaramuzas partidistas de corto alcance, una investigación judicial —que avanza con paso firme en este 2026— destapa una trama que apunta al corazón del Estado social y democrático de derecho.  

La gravedad de lo que se instruye no reside únicamente en la presunta corrupción individual, sino en algo mucho más sistémico y corrosivo: la captura del Estado. Según las investigaciones lideradas por la Fiscalía Anticorrupción, el Ministerio de Hacienda durante la etapa de Cristóbal Montoro no habría funcionado solo como un órgano recaudador, sino como una extensión de un despacho privado, Equipo Económico, fundado por el propio exministro. 

 

El sumario revela una operativa que parece sacada de un manual de distopía institucional. Grandes empresas de sectores estratégicos —gasistas, eléctricas, de juego y constructoras— habrían pagado millonarias sumas a este despacho para obtener, presuntamente, beneficios fiscales diseñados a medida.

No hablamos de simples sugerencias de lobby, sino de reformas legislativas que, según los informes de la propia Agencia Tributaria, se sacaron adelante "contra el criterio de los técnicos". La coincidencia temporal entre los pagos al despacho y la aprobación de estas rebajas fiscales (que habrían supuesto un ahorro de miles de millones para estas corporaciones mientras se pedían sacrificios y recortes a la ciudadanía) es, cuanto menos, indiciaria de un uso espurio de la potestad legislativa.  

La trascendencia constitucional de este caso es máxima por tres motivos fundamentales:

Violación de la Igualdad: si las leyes no se redactan bajo el principio de interés general, sino por encargo privado, el artículo 14 de la Constitución queda reducido a papel mojado.

Instrumentalización de las Instituciones: la sospecha de que la Agencia Tributaria pudo ser utilizada para obtener información confidencial de rivales políticos o para beneficiar a "clientes" erosiona la confianza mínima necesaria para que el sistema fiscal funcione.

La Justicia bajo sospecha: el hecho de que la investigación haya permanecido bajo secreto durante siete años, con tensiones internas en la Fiscalía y sanciones a fiscales que querían profundizar en la causa, plantea interrogantes incómodos sobre la independencia de los mecanismos de control.  

Es aquí donde el silencio de los grandes grupos de comunicación se vuelve elocuente. Un caso que implica la imputación de un exministro, el rastreo de 35,5 millones de euros y posibles cuentas en el extranjero, apenas ocupa breves en las secciones de tribunales.

Esta falta de fiscalización mediática genera una sensación de impunidad social. Si el ciudadano percibe que el legislador es "el que paga y no el que vota", el contrato social se rompe. La democracia no solo se defiende en las urnas; se defiende exigiendo que el Boletín Oficial del Estado no sea una lista de precios para el mejor postor.

"La corrupción no siempre es un maletín; a veces es una ley redactada en un despacho privado y aprobada en un Consejo de Ministros."  

El "Caso Montoro" es el examen definitivo para nuestras instituciones. 

Si el sistema es capaz de depurar responsabilidades hasta el final, el Estado de derecho saldrá fortalecido. 

Si, por el contrario, el silencio mediático precede a un carpetazo judicial por cuestiones formales, habremos confirmado que la captura del Estado es ya una realidad irreversible.