El precio de la intransigencia: las sombras tras el sacrificio de Miguel Ángel Blanco

El asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997 marcó un antes y un después en la sociedad española. El "Espíritu de Ermua" nació del dolor, pero también de una narrativa oficial que ensalzó la firmeza del Estado frente al terror.

Sin embargo, al observar los hechos con la frialdad que permite el paso del tiempo, surgen preguntas incómodas sobre las lagunas de aquella gestión y el uso político de la tragedia.

La versión oficial sostiene que el Gobierno de José María Aznar no podía ceder al chantaje de ETA —el acercamiento de los presos al País Vasco en un plazo de 48 horas— porque el Estado de Derecho no negocia bajo coacción. Es un argumento sólido en la teoría, pero que se desmorona al analizar la cronología posterior.

Apenas meses después del entierro del concejal de Ermua, el mismo Gobierno que se mostró inflexible inició el acercamiento de más de un centenar de presos de ETA a cárceles cercanas o dentro del País Vasco. ¿Por qué lo que era "legal y éticamente imposible" en julio de 1997 se convirtió en una moneda de cambio política poco después? Esta incoherencia sugiere que la negativa inicial pudo responder más a una estrategia de autoafirmación y dureza que a una imposibilidad técnica o jurídica.

Otro punto oscuro es el rechazo frontal a cualquier vía intermedia. Se sabe que hubo intentos de mediación, incluso por parte de sectores de la Iglesia, que buscaban dilatar el plazo o encontrar un punto de encuentro que salvara la vida de Blanco. El Gobierno de Aznar cerró esas puertas de golpe.

¿Se buscaba realmente salvar al concejal?. ¿O se aceptó su muerte como un "coste necesario" para ganar la batalla de la opinión pública?.

La negativa a mediar refuerza la tesis de que el Ejecutivo prefirió el rol de mártir para Blanco antes que el de un Estado que, aun cediendo mínimamente en logística penitenciaria, mantenía la vida de uno de los suyos.

La gestión del "después" fue magistral en términos de marketing político. La imagen de Aznar salió reforzada como el líder que no dobla la rodilla, ocultando bajo una alfombra de banderas el hecho de que, tras la tragedia, acabó realizando las concesiones que habrían evitado el desenlace.

Es difícil no ver una manipulación del relato: se vendió una victoria moral sobre la sangre de un joven, mientras en los despachos se preparaban los traslados de presos que meses antes se calificaron de inasumibles.

Miguel Ángel Blanco pudo haber sido salvado sin que el Estado de Derecho se desintegrara. La política penitenciaria es, por definición, maleable y discrecional. El hecho de que Aznar la utilizara después de la muerte del concejal demuestra que el margen de maniobra existía. 

Al final, queda la amarga sensación de que se priorizó la imagen de un Gobierno fuerte sobre la vida de un hombre, transformando una negligencia política en una épica de resistencia que hoy, bajo una lupa crítica, presenta demasiadas fisuras.