Cinco años de silencio forzado: el caso Hasél y la salud de nuestra democracia

El pasado lunes 16 de febrero se cumplió un lustro desde que el rapero Pablo Hasél ingresó en prisión. No entró por un robo, ni por una agresión, ni por un desfalco de fondos públicos. 

Entró por rimas, versos y tuits. Hoy, con una perspectiva de condena que se extiende hasta abril de 2027, su encarcelamiento sigue siendo una herida abierta en el debate sobre la libertad de expresión en el Estado español.

La justicia lo condenó por "enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a las instituciones del Estado". Pero, al desgranar los motivos, lo que encontramos es una crítica feroz al sistema. Hasél llamó a Juan Carlos I "capo mafioso" y "borracho tirano", calificativos que, paradójicamente, resuenan de forma distinta tras las constantes revelaciones sobre las finanzas del rey emérito en el extranjero.

Acusar a las fuerzas de seguridad de torturas o señalar la responsabilidad del Estado en la muerte de migrantes y manifestantes ha sido catalogado como "calumnia". Sin embargo, en una sociedad que se pretende democrática, la crítica a las instituciones —por ácida o incómoda que sea— debería ser un derecho, no un billete de ida a una celda.

Un anacronismo llamado "Injuria a la Corona"

Resulta difícil de explicar al mundo cómo, en pleno siglo XXI, un artista cumple años de cárcel por cuestionar a una monarquía cuya legitimidad histórica está ligada a siglos de colonialismo y saqueo en América Latina. 

Para muchos, mantener privilegios hereditarios y proteger la figura del Rey mediante el código penal no es una cuestión de "respeto institucional", sino el mantenimiento de una estructura que se niega a ser fiscalizada por su pueblo.

"La libertad de expresión no es solo el derecho a decir lo que otros quieren oír, sino la protección del derecho a decir aquello que el poder detesta."

La permanencia de Hasél en prisión hasta 2027 no solo es un castigo contra su persona, sino un mensaje disciplinario para todo el colectivo artístico y la disidencia política.

Mientras otros delitos de cuello blanco o abusos de poder quedan en el olvido o se resuelven con multas menores, la palabra escrita y cantada se paga con la libertad física.

Cinco años después, el grito sigue siendo el mismo. 

No se trata solo de Pablo Hasél, se trata de decidir si queremos vivir en un país donde la crítica al poder sea un ejercicio ciudadano o un riesgo penitenciario.

¡LIBERTAD PABLO HASÉL!